SIN PAÑOS TIBIOS
FEDERICO A.
JOVINE RIJO
Toda ley es una concreción del poder, y, sobre todo, una expresión de la organización de ese poder. Detrás de toda ley no sólo hay intereses, también hay muchos aportes, sugerencias, tachaduras, e intromisiones. Lo que entra al congreso no es necesariamente lo que sale, ni lo que se necesita o se quiere. Los abogados lo mirarán todo desde la lógica jurídica, los técnicos desde la técnica; los políticos desde la política, y, entre el ser y el deber ser de Kelsen, la realpolitik hace de las suyas. La maestría reside en lograr el equilibrio; la destreza, en cortar –cual Salomón– el muchacho a lo largo.
Así las cosas, la discusión generada en torno a la ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), es saludable y necesaria, pues las legítimas preocupaciones externadas por periodistas, abogados, académicos, iglesias, políticos y partidos opositores, etc., sólo viene a reafirmar el compromiso con la democracia y la libertad que tiene el pueblo dominicano. No nos llamemos a engaños, en nombre de palabras mayores –que a la vez son eufemismos–, como “paz social”, “riesgo, amenaza, agresión o subversión para la seguridad nacional”, se han cometido las peores felonías contra los ciudadanos. Si bien es cierto que la ley procura organizar un sistema de inteligencia disperso y desorganizado, y que racionaliza el poder investigador del Estado sometiéndose al debido proceso; la misma contiene disposiciones que no se compadecen con la armonía institucional que inicialmente perseguía. Al no contar con una parte definitoria, queda al libre albedrío interpretativo de la DNI establecer cuándo una situación se ajusta a una definición particular. En el caso de la entrega de información, deja al debido proceso –sectorial y difuso– lo que bien pudo haberse zanjado estableciendo una autorización judicial previa que ordene las entregas de información, y ni hablar que nos obliga coercitivamente a “caliesar”, sin ir más lejos.
La ley requiere de una narrativa más detallada y específica que calme los temores y ansiedades de un colectivo social que observa con espanto una deriva autoritaria en todo el continente, de ahí que la prensa asuma unida –con valentía y sin vacilaciones–, lo que considera (y es) una vulneración del artículo 49 de la constitución, pilar fundamental de su ejercicio y garantía de equilibrio y contrapeso.
En términos mediáticos el gobierno metió los dos pies en un zapato. Si se sale a comunicar lo que ya se comunicó, fue porque no se comunicó bien previamente. Salir a consensuar después de promulgar, puede ser un ejercicio estéril si no se reconoce de antemano que las únicas opciones son, o bien enviar una nueva ley con propuestas de reforma, o esperar un cubetazo constitucional… y en ambos escenarios se pierde. En definitiva, no había necesidad de promulgar contra viento y marea la ley –porque el diálogo nunca sobra y siempre aporta–, ni mucho menos forzarla en un contexto electoral, donde todo lo que puede arder es echado a la hoguera, sin importar si alumbra o no…
Toda ley es una concreción del poder, y, sobre todo, una expresión de la organización de ese poder. Detrás de toda ley no sólo hay intereses, también hay muchos aportes, sugerencias, tachaduras, e intromisiones. Lo que entra al congreso no es necesariamente lo que sale, ni lo que se necesita o se quiere. Los abogados lo mirarán todo desde la lógica jurídica, los técnicos desde la técnica; los políticos desde la política, y, entre el ser y el deber ser de Kelsen, la realpolitik hace de las suyas. La maestría reside en lograr el equilibrio; la destreza, en cortar –cual Salomón– el muchacho a lo largo.
Así las cosas, la discusión generada en torno a la ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), es saludable y necesaria, pues las legítimas preocupaciones externadas por periodistas, abogados, académicos, iglesias, políticos y partidos opositores, etc., sólo viene a reafirmar el compromiso con la democracia y la libertad que tiene el pueblo dominicano. No nos llamemos a engaños, en nombre de palabras mayores –que a la vez son eufemismos–, como “paz social”, “riesgo, amenaza, agresión o subversión para la seguridad nacional”, se han cometido las peores felonías contra los ciudadanos. Si bien es cierto que la ley procura organizar un sistema de inteligencia disperso y desorganizado, y que racionaliza el poder investigador del Estado sometiéndose al debido proceso; la misma contiene disposiciones que no se compadecen con la armonía institucional que inicialmente perseguía. Al no contar con una parte definitoria, queda al libre albedrío interpretativo de la DNI establecer cuándo una situación se ajusta a una definición particular. En el caso de la entrega de información, deja al debido proceso –sectorial y difuso– lo que bien pudo haberse zanjado estableciendo una autorización judicial previa que ordene las entregas de información, y ni hablar que nos obliga coercitivamente a “caliesar”, sin ir más lejos.
La ley requiere de una narrativa más detallada y específica que calme los temores y ansiedades de un colectivo social que observa con espanto una deriva autoritaria en todo el continente, de ahí que la prensa asuma unida –con valentía y sin vacilaciones–, lo que considera (y es) una vulneración del artículo 49 de la constitución, pilar fundamental de su ejercicio y garantía de equilibrio y contrapeso.
En términos mediáticos el gobierno metió los dos pies en un zapato. Si se sale a comunicar lo que ya se comunicó, fue porque no se comunicó bien previamente. Salir a consensuar después de promulgar, puede ser un ejercicio estéril si no se reconoce de antemano que las únicas opciones son, o bien enviar una nueva ley con propuestas de reforma, o esperar un cubetazo constitucional… y en ambos escenarios se pierde. En definitiva, no había necesidad de promulgar contra viento y marea la ley –porque el diálogo nunca sobra y siempre aporta–, ni mucho menos forzarla en un contexto electoral, donde todo lo que puede arder es echado a la hoguera, sin importar si alumbra o no…
Provincias que hacen presidentes
Por Nelson Encarnación
Nelsonencar10@gmail.com
La división política de la República Dominicana está conformada por 31 provincias y el Distrito Nacional, cada una de las cuales elige un senador y a un determinado número de diputados, razón por la cual cada territorio cuenta a la hora de agenciarse los votos de los electores concurrentes.
En los comicios municipales convocados para dentro de un mes, los territorios tienen el mismo valor, a partir del hecho concreto de la configuración administrativa en que cada demarcación es independiente.
Los municipios tienen una fisonomía propia, cada uno con sus particulares prioridades y expectativas, pero que, dadas las condiciones de precariedad material generalizada en nuestro país provoca que aquello que falta en un territorio, también falta prácticamente en todos los demás.
Es por esto que la campaña es territorial, es decir, en busca de cada voto palmo a palmo, una imagen electoral que nos refiere a la confrontación bélica antigua donde la lucha se daba cuerpo a cuerpo, con espada, casco y escudo.
Sin embargo, la elección presidencial es otro cantar; en ella concurren realidades muy distintas a los otros dos niveles por ser única e indivisible.
De ahí que las estrategias de campaña procuren que el candidato triunfe de manera holgada en al menos diez de las demarcaciones más pobladas, puesto que ellas concentran el 70% del electorado.
Con triunfar en el nivel presidencial en el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Vega, Puerto Plata, Duarte, San Pedro de Macorís, Espaillat y La Romana, las probabilidades de alzarse con el poder se elevan de manera significativa.
Sumarse, además, a Azua, Barahona, Peravia y San Juan, representaría, para el candidato que lo logre, asegurarse una victoria cómoda.
El triunfo en nueve de las 14 provincias más pobladas giró el péndulo electoral en el balotaje del 30 de junio de 1996 a favor del doctor Leonel Fernández, pese a que en la primera vuelta el doctor José Francisco Peña Gómez le había sacado ocho puntos porcentuales de ventaja.
Peña Gómez solo ganó por estrecho margen en el Distrito (entonces completo), Azua, Barahona y San Pedro de Macorís, mientras que, por su lado, Leonel lo hizo en Santiago, La Vega, Duarte, Espaillat, La Romana, Puerto Plata, Peravia, San Cristóbal y San Juan, suficiente para aventajarle por 71,000 votos.
Nelsonencar10@gmail.com
La división política de la República Dominicana está conformada por 31 provincias y el Distrito Nacional, cada una de las cuales elige un senador y a un determinado número de diputados, razón por la cual cada territorio cuenta a la hora de agenciarse los votos de los electores concurrentes.
En los comicios municipales convocados para dentro de un mes, los territorios tienen el mismo valor, a partir del hecho concreto de la configuración administrativa en que cada demarcación es independiente.
Los municipios tienen una fisonomía propia, cada uno con sus particulares prioridades y expectativas, pero que, dadas las condiciones de precariedad material generalizada en nuestro país provoca que aquello que falta en un territorio, también falta prácticamente en todos los demás.
Es por esto que la campaña es territorial, es decir, en busca de cada voto palmo a palmo, una imagen electoral que nos refiere a la confrontación bélica antigua donde la lucha se daba cuerpo a cuerpo, con espada, casco y escudo.
Sin embargo, la elección presidencial es otro cantar; en ella concurren realidades muy distintas a los otros dos niveles por ser única e indivisible.
De ahí que las estrategias de campaña procuren que el candidato triunfe de manera holgada en al menos diez de las demarcaciones más pobladas, puesto que ellas concentran el 70% del electorado.
Con triunfar en el nivel presidencial en el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Vega, Puerto Plata, Duarte, San Pedro de Macorís, Espaillat y La Romana, las probabilidades de alzarse con el poder se elevan de manera significativa.
Sumarse, además, a Azua, Barahona, Peravia y San Juan, representaría, para el candidato que lo logre, asegurarse una victoria cómoda.
El triunfo en nueve de las 14 provincias más pobladas giró el péndulo electoral en el balotaje del 30 de junio de 1996 a favor del doctor Leonel Fernández, pese a que en la primera vuelta el doctor José Francisco Peña Gómez le había sacado ocho puntos porcentuales de ventaja.
Peña Gómez solo ganó por estrecho margen en el Distrito (entonces completo), Azua, Barahona y San Pedro de Macorís, mientras que, por su lado, Leonel lo hizo en Santiago, La Vega, Duarte, Espaillat, La Romana, Puerto Plata, Peravia, San Cristóbal y San Juan, suficiente para aventajarle por 71,000 votos.
Publicar un comentario
Por favor, deje su mensaje respetando los cánones de las buenas costumbres y derechos de las personas