Las protestas están tomando más fuerza en las principales ciudades haitianas. Ayer hubo fuertes choques entre manifestantes y la policía.
GUILLERMO PÉREZSanto Domingo, RD
Haití se encamina mañana, miércoles 7 de febrero, hacia un estado de vacío institucional total, con un jefe de gobierno en el crepúsculo de sus funciones, un parlamento que no funciona desde 2020 y una airada población tirada a las calles buscando salida a su agobiante situación general.
El juego está trancado. Ayer, las protestas reventaron con fuerza en las principales ciudades. Choques entre manifestantes y la policía. Hay sólo un grito: ¡Fuera Henry!.
Un ambicioso acuerdo que este miércoles llega a 414 días de haber sido firmado ha sido quebrantado, agravando más la crisis del país y empujando a partidos y movimientos opositores a reclamar la salida inmediata del primer ministro Ariel Henry, llegando a poner todas las opciones sobre la mesa para lograr ese propósito.
CÓMO Y POR QUÉ OCURRE TODO ESTO
Este 7 de febrero marca el final del mandato presidencial en Haití, según la constitución del país, siendo la transición una cuestión vital en el sistema de sucesión democrática.
El período presidencial dura cinco años y comienza el 7 de febrero siguiente a las elecciones presidenciales. El mandatario electo sólo puede ejercer un máximo de dos mandatos.
Así es como Jovenel Moise comenzó su mandato el 7 de febrero de 2017, cuya gestión culminaría mañana, 7 de febrero de 2024.
La madrugada del 7 de julio de 2021, Moise fue asesinado tras un ataque en su residencia por un grupo armado compuesto de haitianos y colombianos. Su esposa, Martine Moise, resultó herida tras el ataque.
HILANDO LA HISTORIA
Tras esto se produce la llegada de Henry al mando en Haití y, desde entonces, las presiones contra su gestión no han parado, lo que se explica en un hilo de esa historia.
El 5 de julio de 2021, Ariel Henry fue seleccionado como el próximo primer ministro de Haití por el presidente Jovenel Moïse, pero dos días después el mandatario fue asesinado.
En consecuencia, la tragedia detuvo la transferencia del poder a Henry y el entonces primer ministro, Claude Joseph, tomó el control del gobierno con el respaldo de los militares y el reconocimiento de los Estados Unidos.
Luego, el denominado Grupo Core, formado en Haití por embajadores de Brasil, la Unión Europea, Francia, Alemania, España y Estados Unidos y representantes de la Organización de Estados Americanos(OEA) y Naciones Unidas, llamaron a Henry a asumir la jefatura de Gobierno el 17 de julio.
Dos días después, el 19 de julio, Claude Joseph anunció que dejaría el cargo de primer ministro en favor de Henry.
Y así es como Henry prestó juramento como primer ministro, el 20 de julio de 2021, llamando a la unidad y prometiendo restaurar el orden y la seguridad.
El 28 de julio de ese año prometió celebrar las elecciones tan pronto como fuera posible y prometió que el gobierno mantendría un diálogo con la sociedad civil.
Durante un discurso ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, el 20 de agosto de 2021, prometió celebrar elecciones para restaurar la democracia
Luego, presentó el borrador de una nueva constitución propuesta el 8 de septiembre en la que se otorgan poderes adicionales al presidente y suprime el cargo de primer ministro para permitir que las políticas gubernamentales se aprueben más fácilmente.
EL ACUERDO DE MONTANA
Ariel Henry firmó el 21 de diciembre de 2022 un acuerdo de gobernanza con representantes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y líderes del sector privado.
Se acordó que el período de transición de 14 meses incluyera nuevas elecciones generales en 2023, la entrada en funciones de un gobierno legítimo el 7 de febrero de 2024 y la garantía de que el ejecutivo tendría un año para introducir las reformas necesarias.
Preveía, también, la creación de un Consejo Superior de Transición y un Órgano de Control de la Acción Gubernamental, que funcionarían en paralelo con el gobierno y permitirán “un equilibrio político”.
Se estableció que Henry seguiría siendo primer ministro hasta el 7 de febrero de 2024, mientras que el Gobierno y el Consejo Superior de Transición elaborarán la ‘hoja de ruta’ para la transición.
En resumen, el final de gestión de Henry y el paso a la transición está consignado en el artículo 20 del acuerdo de 2022.
Pero el premier haitiano dio un giro al acuerdo y el 24 de noviembre de 2021 nombró un nuevo gabinete ministerial y un Consejo Nacional de Transición de 52 miembros, chocando con lo establecido en el Acuerdo de Montana para la gobernanza de Haití.
Mientras tanto, delegados de varios acuerdos, incluido el mismo pacto firmado en el lujoso Hotel Montana, situado en una ladera con vista a la bahía de Puerto Príncipe, eligieron a Fritz Jean como presidente interino de Haití el 17 de enero, durante una cumbre unitaria.
Ante esto, Henry reaccionó y declaró que el próximo presidente sería elegido por el pueblo haitiano, en un claro rechazo a los intentos de un gobierno de transición que antes había acordado.
VIOLACIÓN DEL PACTO
Después de la elección de Jean como presidente interino y a Steven Benoît como primer ministro a finales de enero, Henry rechazó reconocerlo este venidero 7 de febrero. Con esto, Henry estaba rompiendo las bases del acuerdo que abrió, en principio, la esperanza de una salida pacífica a la crisis social y política del país.
También, prometió anunciar la fecha de las elecciones, mientras sus opositores le exigían que renuncie, recordándole que el 7 de febrero expiraba el mandato legal de Moïse, que lo había designado. La presión contra Henry no ha parado desde entonces.
Los haitianos esperan bajo alerta este 7 de febrero, mientras su país pisa el borde de un profundo vacío institucional.
Un miércoles muy oscuro.
López Obrador presenta una serie de reformas
Algunas elevan el rango de programas sociales ya en vigor que amparan a los ancianos y jóvenes, reformar el sistema de pensiones, garantizar incrementos adecuados anuales del salario mínimo, la proscripción del maíz transgénico y la prohibición del comercio de drogas químicas como el fentanilo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador habla durante su discurso sobre el estado de la nación en el Palacio Nacional, el 1 de septiembre de 2022.FUENTE EXTERNA
AGENCIA AP
Haití se encamina mañana, miércoles 7 de febrero, hacia un estado de vacío institucional total, con un jefe de gobierno en el crepúsculo de sus funciones, un parlamento que no funciona desde 2020 y una airada población tirada a las calles buscando salida a su agobiante situación general.
El juego está trancado. Ayer, las protestas reventaron con fuerza en las principales ciudades. Choques entre manifestantes y la policía. Hay sólo un grito: ¡Fuera Henry!.
Un ambicioso acuerdo que este miércoles llega a 414 días de haber sido firmado ha sido quebrantado, agravando más la crisis del país y empujando a partidos y movimientos opositores a reclamar la salida inmediata del primer ministro Ariel Henry, llegando a poner todas las opciones sobre la mesa para lograr ese propósito.
CÓMO Y POR QUÉ OCURRE TODO ESTO
Este 7 de febrero marca el final del mandato presidencial en Haití, según la constitución del país, siendo la transición una cuestión vital en el sistema de sucesión democrática.
El período presidencial dura cinco años y comienza el 7 de febrero siguiente a las elecciones presidenciales. El mandatario electo sólo puede ejercer un máximo de dos mandatos.
Así es como Jovenel Moise comenzó su mandato el 7 de febrero de 2017, cuya gestión culminaría mañana, 7 de febrero de 2024.
La madrugada del 7 de julio de 2021, Moise fue asesinado tras un ataque en su residencia por un grupo armado compuesto de haitianos y colombianos. Su esposa, Martine Moise, resultó herida tras el ataque.
HILANDO LA HISTORIA
Tras esto se produce la llegada de Henry al mando en Haití y, desde entonces, las presiones contra su gestión no han parado, lo que se explica en un hilo de esa historia.
El 5 de julio de 2021, Ariel Henry fue seleccionado como el próximo primer ministro de Haití por el presidente Jovenel Moïse, pero dos días después el mandatario fue asesinado.
En consecuencia, la tragedia detuvo la transferencia del poder a Henry y el entonces primer ministro, Claude Joseph, tomó el control del gobierno con el respaldo de los militares y el reconocimiento de los Estados Unidos.
Luego, el denominado Grupo Core, formado en Haití por embajadores de Brasil, la Unión Europea, Francia, Alemania, España y Estados Unidos y representantes de la Organización de Estados Americanos(OEA) y Naciones Unidas, llamaron a Henry a asumir la jefatura de Gobierno el 17 de julio.
Dos días después, el 19 de julio, Claude Joseph anunció que dejaría el cargo de primer ministro en favor de Henry.
Y así es como Henry prestó juramento como primer ministro, el 20 de julio de 2021, llamando a la unidad y prometiendo restaurar el orden y la seguridad.
El 28 de julio de ese año prometió celebrar las elecciones tan pronto como fuera posible y prometió que el gobierno mantendría un diálogo con la sociedad civil.
Durante un discurso ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, el 20 de agosto de 2021, prometió celebrar elecciones para restaurar la democracia
Luego, presentó el borrador de una nueva constitución propuesta el 8 de septiembre en la que se otorgan poderes adicionales al presidente y suprime el cargo de primer ministro para permitir que las políticas gubernamentales se aprueben más fácilmente.
EL ACUERDO DE MONTANA
Ariel Henry firmó el 21 de diciembre de 2022 un acuerdo de gobernanza con representantes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y líderes del sector privado.
Se acordó que el período de transición de 14 meses incluyera nuevas elecciones generales en 2023, la entrada en funciones de un gobierno legítimo el 7 de febrero de 2024 y la garantía de que el ejecutivo tendría un año para introducir las reformas necesarias.
Preveía, también, la creación de un Consejo Superior de Transición y un Órgano de Control de la Acción Gubernamental, que funcionarían en paralelo con el gobierno y permitirán “un equilibrio político”.
Se estableció que Henry seguiría siendo primer ministro hasta el 7 de febrero de 2024, mientras que el Gobierno y el Consejo Superior de Transición elaborarán la ‘hoja de ruta’ para la transición.
En resumen, el final de gestión de Henry y el paso a la transición está consignado en el artículo 20 del acuerdo de 2022.
Pero el premier haitiano dio un giro al acuerdo y el 24 de noviembre de 2021 nombró un nuevo gabinete ministerial y un Consejo Nacional de Transición de 52 miembros, chocando con lo establecido en el Acuerdo de Montana para la gobernanza de Haití.
Mientras tanto, delegados de varios acuerdos, incluido el mismo pacto firmado en el lujoso Hotel Montana, situado en una ladera con vista a la bahía de Puerto Príncipe, eligieron a Fritz Jean como presidente interino de Haití el 17 de enero, durante una cumbre unitaria.
Ante esto, Henry reaccionó y declaró que el próximo presidente sería elegido por el pueblo haitiano, en un claro rechazo a los intentos de un gobierno de transición que antes había acordado.
VIOLACIÓN DEL PACTO
Después de la elección de Jean como presidente interino y a Steven Benoît como primer ministro a finales de enero, Henry rechazó reconocerlo este venidero 7 de febrero. Con esto, Henry estaba rompiendo las bases del acuerdo que abrió, en principio, la esperanza de una salida pacífica a la crisis social y política del país.
También, prometió anunciar la fecha de las elecciones, mientras sus opositores le exigían que renuncie, recordándole que el 7 de febrero expiraba el mandato legal de Moïse, que lo había designado. La presión contra Henry no ha parado desde entonces.
Los haitianos esperan bajo alerta este 7 de febrero, mientras su país pisa el borde de un profundo vacío institucional.
Un miércoles muy oscuro.
López Obrador presenta una serie de reformas
Algunas elevan el rango de programas sociales ya en vigor que amparan a los ancianos y jóvenes, reformar el sistema de pensiones, garantizar incrementos adecuados anuales del salario mínimo, la proscripción del maíz transgénico y la prohibición del comercio de drogas químicas como el fentanilo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador habla durante su discurso sobre el estado de la nación en el Palacio Nacional, el 1 de septiembre de 2022.FUENTE EXTERNA
AGENCIA APCiudad de México, México
A cuatro meses de las elecciones y pese a no contar con una mayoría parlamentaria suficiente para poder sacar adelante reformas constitucionales sin consenso, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, presentó ayer lunes una veintena de iniciativas que considera trascendentales para blindar lo que llamó “la cuarta transformación de México”, su proyecto de país.
Entre las propuestas que se consignaron ayer lunes en el Congreso, hay varias para elevar a rango constitucional programas sociales ya en vigor que amparan a los ancianos y jóvenes, reformar el sistema de pensiones, garantizar incrementos adecuados anuales del salario mínimo, la proscripción del maíz transgénico y la prohibición del comercio de drogas químicas como el fentanilo.
Pero también hay propuestas que, de antemano, el propio mandatario ha reconocido que tienen pocas o ninguna posibilidad de prosperar porque han sido rechazadas por toda la oposición o incluso por los tribunales.
Sin embargo, como ha ido adelantando en diversas conferencias de prensa, quiere presentarlas de todos modos para que quede constancia de que él las apoya.
REELECCIÓN PROHIBIDA
La reelección está prohibida por la constitución mexicana y López Obrador ya anunció su jubilación al acabar su mandato el próximo 1 de octubre, por lo que muchos analistas consideran que ésta es una manera de marcar la línea a seguir por la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, favorita de cara a la votación del 2 de junio.
López Obrador presentó, en el marco de los 107 años de la promulgación de la Constitución, los lineamientos de las veinte iniciativas que ya había adelantado en las semanas previas.
Una de las propuestas es que la Guardia Nacional —el cuerpo estrella de su administración— quede en manos del Ejército y no bajo poder civil como se estableció cuando fue creada, o que la Comisión Federal de Electricidad sea considerada como una empresa estatal estratégica y tenga prioridad sobre las privadas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en contra de leyes anteriores con esos objetivos.
También aspira a eliminar organismos reguladores, como el de antimonopolio o de transparencia, porque considera que son "onerosos y elitistas”, aunque todos los partidos de oposición han arremetido duramente contra esta idea aludiendo perjuicios a la democracia y la competitividad en el país.
En materia electoral, el gobernante planteó un recorte de los gastos destinados a campañas y partidos y la eliminación de las candidaturas plurinominales, lo que reduciría la Cámara de Diputados de 500 a 300 miembros y el Senado de 128 a 64 integrantes. López Obrador intentó también reformar, sin éxito, el Instituto Nacional Electoral y las leyes electorales justo antes de la contienda de este año.
Otra de las polémicas propuestas es una reforma del Poder Judicial para que, entre otras cosas, los ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces sean elegidos por voto popular.
PODER JUDICIAL VS. POLÍTICA
En este sentido, Alberto Pérez Dayán, juez del máximo tribunal, aprovechó el acto oficial del día de la Constitución —al que no asistió el presidente— para afirmar que “hay que alejar al Poder Judicial de la política” para que pueda ejercer su labor adecuadamente.
En plena contienda electoral, también se espera que algunas de las medidas propuestas por López Obrador puedan tener el apoyo de parte de la oposición.
Entre ellas, la de cambiar la regulación sobre pensiones de 1997 y que los trabajadores puedan recibir la totalidad de su último salario al jubilarse, una idea que en principio ha sido vista con buenos ojos por los tres principales grupos opositores y que se presentan a las elecciones en coalición, el Partido Revolucionario Institucional, el de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática.
El mandatario anunció que para cubrir el cambio en el régimen de pensiones a partir del 1 de mayo de este año su gobierno creará un “fondo semilla” de 64.619 millones de pesos (unos 3.800 millones de dólares) que se irá incrementando progresivamente, aunque no ofreció detalles.
Antes de esta batería de propuestas, López Obrador había enviado al Congreso 10 reformas constitucionales de las que sólo cinco fueron aprobadas, según datos del Senado. Destaca la de creación de la Guardia Nacional, la de revocación de mandato y algunos programas sociales.
En su más de un siglo de historia, la Constitución mexicana ha sido reformada en 256 ocasiones.
El presidente ha reconocido que con la presentación de todas estas propuestas a cuatro meses de las elecciones quiere blindar cuantos cambios sean posibles para que, llegue quien llegue al poder, “no va a ser fácil que los quiten”.
Pese a estar en la recta final de su mandato y no haber podido bajar los altos índices de violencia, López Obrador mantiene muy alta su popularidad, lo que beneficia a la candidata oficialista. La segunda en la contienda es Xóchitl Gálvez, postulante de la coalición opositora, con lo que todo apunta que México tendrá este año por primera vez una mujer en la presidencia.
El TSE de El Salvador reconoce que faltan actas y recurrirá al recuento manual
El Artículo 214 del Código Electoral establece que el TSE debe iniciar el escrutinio final dentro de las 48 horas posteriores al cierre de las urnas.
Las portadas de los periódicos se muestran el día después de las elecciones presidenciales y legislativas en el centro histórico de San Salvador el 5 de febrero de 2024.AFP
EUROPA PRESS
A cuatro meses de las elecciones y pese a no contar con una mayoría parlamentaria suficiente para poder sacar adelante reformas constitucionales sin consenso, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, presentó ayer lunes una veintena de iniciativas que considera trascendentales para blindar lo que llamó “la cuarta transformación de México”, su proyecto de país.
Entre las propuestas que se consignaron ayer lunes en el Congreso, hay varias para elevar a rango constitucional programas sociales ya en vigor que amparan a los ancianos y jóvenes, reformar el sistema de pensiones, garantizar incrementos adecuados anuales del salario mínimo, la proscripción del maíz transgénico y la prohibición del comercio de drogas químicas como el fentanilo.
Pero también hay propuestas que, de antemano, el propio mandatario ha reconocido que tienen pocas o ninguna posibilidad de prosperar porque han sido rechazadas por toda la oposición o incluso por los tribunales.
Sin embargo, como ha ido adelantando en diversas conferencias de prensa, quiere presentarlas de todos modos para que quede constancia de que él las apoya.
REELECCIÓN PROHIBIDA
La reelección está prohibida por la constitución mexicana y López Obrador ya anunció su jubilación al acabar su mandato el próximo 1 de octubre, por lo que muchos analistas consideran que ésta es una manera de marcar la línea a seguir por la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, favorita de cara a la votación del 2 de junio.
López Obrador presentó, en el marco de los 107 años de la promulgación de la Constitución, los lineamientos de las veinte iniciativas que ya había adelantado en las semanas previas.
Una de las propuestas es que la Guardia Nacional —el cuerpo estrella de su administración— quede en manos del Ejército y no bajo poder civil como se estableció cuando fue creada, o que la Comisión Federal de Electricidad sea considerada como una empresa estatal estratégica y tenga prioridad sobre las privadas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en contra de leyes anteriores con esos objetivos.
También aspira a eliminar organismos reguladores, como el de antimonopolio o de transparencia, porque considera que son "onerosos y elitistas”, aunque todos los partidos de oposición han arremetido duramente contra esta idea aludiendo perjuicios a la democracia y la competitividad en el país.
En materia electoral, el gobernante planteó un recorte de los gastos destinados a campañas y partidos y la eliminación de las candidaturas plurinominales, lo que reduciría la Cámara de Diputados de 500 a 300 miembros y el Senado de 128 a 64 integrantes. López Obrador intentó también reformar, sin éxito, el Instituto Nacional Electoral y las leyes electorales justo antes de la contienda de este año.
Otra de las polémicas propuestas es una reforma del Poder Judicial para que, entre otras cosas, los ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces sean elegidos por voto popular.
PODER JUDICIAL VS. POLÍTICA
En este sentido, Alberto Pérez Dayán, juez del máximo tribunal, aprovechó el acto oficial del día de la Constitución —al que no asistió el presidente— para afirmar que “hay que alejar al Poder Judicial de la política” para que pueda ejercer su labor adecuadamente.
En plena contienda electoral, también se espera que algunas de las medidas propuestas por López Obrador puedan tener el apoyo de parte de la oposición.
Entre ellas, la de cambiar la regulación sobre pensiones de 1997 y que los trabajadores puedan recibir la totalidad de su último salario al jubilarse, una idea que en principio ha sido vista con buenos ojos por los tres principales grupos opositores y que se presentan a las elecciones en coalición, el Partido Revolucionario Institucional, el de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática.
El mandatario anunció que para cubrir el cambio en el régimen de pensiones a partir del 1 de mayo de este año su gobierno creará un “fondo semilla” de 64.619 millones de pesos (unos 3.800 millones de dólares) que se irá incrementando progresivamente, aunque no ofreció detalles.
Antes de esta batería de propuestas, López Obrador había enviado al Congreso 10 reformas constitucionales de las que sólo cinco fueron aprobadas, según datos del Senado. Destaca la de creación de la Guardia Nacional, la de revocación de mandato y algunos programas sociales.
En su más de un siglo de historia, la Constitución mexicana ha sido reformada en 256 ocasiones.
El presidente ha reconocido que con la presentación de todas estas propuestas a cuatro meses de las elecciones quiere blindar cuantos cambios sean posibles para que, llegue quien llegue al poder, “no va a ser fácil que los quiten”.
Pese a estar en la recta final de su mandato y no haber podido bajar los altos índices de violencia, López Obrador mantiene muy alta su popularidad, lo que beneficia a la candidata oficialista. La segunda en la contienda es Xóchitl Gálvez, postulante de la coalición opositora, con lo que todo apunta que México tendrá este año por primera vez una mujer en la presidencia.
El TSE de El Salvador reconoce que faltan actas y recurrirá al recuento manual
El Artículo 214 del Código Electoral establece que el TSE debe iniciar el escrutinio final dentro de las 48 horas posteriores al cierre de las urnas.
Las portadas de los periódicos se muestran el día después de las elecciones presidenciales y legislativas en el centro histórico de San Salvador el 5 de febrero de 2024.AFP
EUROPA PRESS
El Salvador
La presidenta del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE), Dora Martínez, ha informado este lunes de que el escrutinio final de las elecciones del domingo se realizará manualmente ante la falta de actas para completarlo.
"En aquellos casos donde no se pueda tomar como base los originales del acta de cierre y escrutinio de cada una de las JRV (Junta Receptora de Votos) se abrirán los paquetes electorales que sean necesarios con la concurrencia de los actores electorales", ha apuntado Martínez, según recoge el portal de noticias elsalvador.com.
Martínez ha apuntado que a pesar de los esfuerzos institucionales "no fue posible" concluir la transmisión de resultados preliminares y quedaron pendientes de recibir 2,547 actas del escrutinio preliminar.
El Artículo 214 del Código Electoral establece que el TSE debe iniciar el escrutinio final dentro de las 48 horas posteriores al cierre de las urnas.
En el caso de las elecciones presidenciales, se tomará como base las 6,015 actas que han sido transmitidas y se abrirá los paquetes electorales y se hará el escrutinio papeleta por papeleta para las 2,547 actas restantes, no transmitidas.
En el caso de las elecciones legislativas ser abrirá la totalidad de los paquetes electorales. Los conteos se harán ante la presencia de la Fiscalia General de la República (FGR), la Procuraduría General de la República (PGR), Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), partidos políticos, Junta de Vigilancia Electoral y observadores electorales.
En la elección de la Asamblea Legislativa, "por la complejidad del escrutinio de votos enteros, votos fraccionados y marcas de preferencia por candidaturas que hacen que cada una contenga varios folios, no fue posible efectuar la transmisión".
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha logrado más del 80 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales de este domingo, según datos provisionales publicados por el TSE correspondientes al 70 de las actas que han sido ya contabilizadas.
Bukele ataca a críticos en su segundo mandato
“Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema democrático”, dijo Bukele, y añadió que “la oposición quedó pulverizada".
Una seguidora del presidente Nayib Bukele celebra los resultados de las elecciones generales en la plaza Gerardo Barrios en el centro de San Salvador, el domingo pasado.(AP FOTO/SALVADOR MELÉNDEZ)
AGENCIA AP
La presidenta del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE), Dora Martínez, ha informado este lunes de que el escrutinio final de las elecciones del domingo se realizará manualmente ante la falta de actas para completarlo.
"En aquellos casos donde no se pueda tomar como base los originales del acta de cierre y escrutinio de cada una de las JRV (Junta Receptora de Votos) se abrirán los paquetes electorales que sean necesarios con la concurrencia de los actores electorales", ha apuntado Martínez, según recoge el portal de noticias elsalvador.com.
Martínez ha apuntado que a pesar de los esfuerzos institucionales "no fue posible" concluir la transmisión de resultados preliminares y quedaron pendientes de recibir 2,547 actas del escrutinio preliminar.
El Artículo 214 del Código Electoral establece que el TSE debe iniciar el escrutinio final dentro de las 48 horas posteriores al cierre de las urnas.
En el caso de las elecciones presidenciales, se tomará como base las 6,015 actas que han sido transmitidas y se abrirá los paquetes electorales y se hará el escrutinio papeleta por papeleta para las 2,547 actas restantes, no transmitidas.
En el caso de las elecciones legislativas ser abrirá la totalidad de los paquetes electorales. Los conteos se harán ante la presencia de la Fiscalia General de la República (FGR), la Procuraduría General de la República (PGR), Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), partidos políticos, Junta de Vigilancia Electoral y observadores electorales.
En la elección de la Asamblea Legislativa, "por la complejidad del escrutinio de votos enteros, votos fraccionados y marcas de preferencia por candidaturas que hacen que cada una contenga varios folios, no fue posible efectuar la transmisión".
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha logrado más del 80 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales de este domingo, según datos provisionales publicados por el TSE correspondientes al 70 de las actas que han sido ya contabilizadas.
Bukele ataca a críticos en su segundo mandato
“Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema democrático”, dijo Bukele, y añadió que “la oposición quedó pulverizada".
Una seguidora del presidente Nayib Bukele celebra los resultados de las elecciones generales en la plaza Gerardo Barrios en el centro de San Salvador, el domingo pasado.(AP FOTO/SALVADOR MELÉNDEZ)
AGENCIA APSan Salvador, El Salvador
El presidente salvadoreño Nayib Bukele saboreó lo que parece una contundente victoria de reelección, arremetiendo contra sus críticos internacionales y la prensa. El mandatario populista se ha declarado a sí mismo como un heraldo de la democracia, y no un ejemplo de la autocracia del siglo XXI que algunos temen.
En su discurso del domingo por la noche ante miles de simpatizantes, Bukele dijo que El Salvador no había conocido la democracia hasta ahora, aunque reconoció que su visión de ese ideal es poco convencional.
“Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema democrático”, dijo Bukele, y añadió que “la oposición quedó pulverizada".
Tras los comicios del domingo, Bukele será el primer presidente en ser reelegido en El Salvador. La mayoría de su partido en el Congreso, y un tribunal que ayudaron a conformar, le permitieron eludir una prohibición constitucional.
El lunes, Bukele tenía el 83% de los votos, frente al 7% de su rival más cercano, tras el escrutinio — plagado de fallos — de aproximadamente el 71% de las papeletas de los colegios electorales, según los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral.
Bukele se describe a sí mismo como el “dictador más cool del mundo” y se anticipa que fortalezca todavía más su control del poder. Pronosticó que su partido, Nuevas Ideas, aumente su mayoría en el Congreso, pero el lunes sólo se habían escrutado el 5% de los colegios electorales.
En caso de que eso suceda, los analistas afirman que Bukele podrá continuar con su controversial campaña de represión contra las pandillas y con una reforma constitucional —una acción que su gobierno propuso anteriormente— para permanecer en el cargo.
La victoria de Bukele fue celebrada por una multitud ataviada con camisetas, bufandas, sombreros, peluches, máscaras y figuras de cartón de tamaño real con su rostro. Pero otros señalan que la nación centroamericana se dirige a un peligroso camino que podría socavar a la democracia y sacudir al resto de la región.
“No hay paso atrás”, dijo Eduardo Escobar, abogado y director de la organización no gubernamental Acción Ciudadana. “Esta elección significa la consolidación de un modelo de gobierno autoritario en El Salvador, que se ratifique por la gente”, señaló.
Bukele, de 42 años de edad, ha causado varias inquietudes en materia democrática durante su presidencia, acusado de llenar los tribunales con personas leales a él y de manipular las leyes salvadoreñas para concentrar el poder en sus manos. Eso sigue siendo una preocupación para algunos de cara a la ceremonia de juramentación para su segundo mandato, programada para el 1 de junio.
Pero también es querido por muchos salvadoreños debido a que la controversial campaña de su gobierno contra las pandillas del país ha reducido significativamente la violencia en un país que hace una década era considerado como uno de los más peligrosos del mundo.
El sumamente popular “estado de excepción” fue lo más destacado de su campaña electoral y algo con lo que Bukele ha prometido continuar pese a que originalmente estaba previsto como una medida temporal cuando inició su ofensiva contra las pandillas hace casi dos años. Durante el periodo del estado de excepción, las autoridades han detenido a más de 76.000 personas —más del 1% de la población de El Salvador— a menudo basándose en evidencias mínimas y con poco acceso al debido proceso.
BAJO MEDIDAS DE EMERGENCIA
Gabriel Gómez, de 44 años, es una de las más de 1,6 millones de personas que votaron por Bukele. Al salir el domingo de un centro de votación en la zona de Mejicanos, la cual solía estar bajo control de las pandillas, Gómez dijo que incluso con las inquietudes constitucionales prefiere vivir bajo las medidas de emergencia de Bukele.
Acusó a los partidos políticos tradicionales de El Salvador —el conservador Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)— de haber “pisoteado” toda la Constitución antes de que Bukele llegara al poder. Esos partidos, que han quedado completamente desacreditados por su corrupción e ineficacia, han obtenido apenas un porcentaje minúsculo de los votos.
“La constitución no me daba seguridad, la constitución no me daba alimentación”, comentó. Las pandillas "mataban 50 personas diarias. ¿Dónde estaba la Constitución protegiéndonos? Mataron a la hija de mi cuñada de 13 años, donde estaba la constitución?”.
Pero las tácticas de Bukele han suscitado duras críticas en la región.
Los observadores de derechos humanos acusaron a su gobierno de cometer violaciones a los derechos humanos durante la campaña contra las pandillas, y de torturar y causar la muerte de más de 150 reclusos. El gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones sobre miembros del gobierno salvadoreño por negociar con las pandillas del país, algo que Bukele niega rotundamente.
Sin embargo, Washington ha relajado su postura respecto a Bukele ante la cooperación de su gobierno con Estados Unidos en su agenda para reducir los niveles históricos de migración hacia el norte. El secretario de Estado, Antony Blinken, felicitó el lunes a Bukele por su triunfo y señaló que “Estados Unidos seguirá dando prioridad a la buena gobernabilidad, a la prosperidad económica inclusiva, a las garantías de juicios justos y a los derechos humanos en El Salvador”.
Esto, luego de que Bukele dedicó más de la mitad de su discurso triunfal para atacar a los críticos extranjeros y periodistas. Atribuyó las décadas de masacres, guerra civil y violencia de pandillas a la injerencia extranjera de gobiernos como el de Estados Unidos, el cual financió a las fuerzas militares de El Salvador durante el conflicto civil del país.
“Yo les pregunto a estos organismos, a estos gobiernos de naciones extranjeras. Les pregunto a estos periodistas. ¿Por qué desean que nos maten?”, comentó. “¿Por qué desean ver sangre de salvadoreños? ¿Por qué no están felices de que en nuestro país ya no corra la sangre que corría antes? ¿Por qué debemos morir nosotros y nuestros hijos?".
El discurso provocó inquietudes entre la prensa salvadoreña, que ha enfrentado acoso y ataques jurídicos por parte del gobierno de Bukele, y también ha sido víctima del poderoso software de espionaje Pegasus, que los gobiernos utilizan a menudo para vigilar a sus adversarios.
“A mí me queda claro tras su discurso: el próximo enemigo prioritario a destruir por Bukele será la prensa independiente”, publicó el periodista salvadoreño Óscar Martínez en la red social X.
Martínez es el director editorial de la organización de noticias de investigación El Faro. Su equipo tuvo que mudar su sede de El Salvador a Costa Rica el año pasado, alegando un continuo acoso y preocupaciones de futuros ataques.
Bukele también dijo que la clave para resolver los problemas persistentes de El Salvador era ignorar el concepto de una democracia falsa impuesto por críticos externos y aprovechar la gran mayoría de su partido en el Congreso para generar un cambio en el país.
CONTROL DEL CONGRESO
Escobar, de la organización Acción Ciudadana, dijo que la capacidad de Bukele para avanzar su agenda depende en gran medida de su control en el Congreso. El “estado de excepción”, que ha dado al mandatario una enorme popularidad, es aprobado mes a mes por los legisladores que controlan el Congreso desde 2021. Bukele también necesitaría de esa mayoría para cumplir sus promesas de campaña y seguir haciendo grandes cambios en la nación centroamericana.
Al igual que otros críticos, Escobar dijo que Bukele podría reformar la Constitución si consigue suficientes escaños en el Congreso, abriendo la posibilidad para buscar un nuevo mandato.
Aunque Bukele ha dicho que la Constitución, en su estado actual, prohíbe postularse para un tercer mandato, en una entrevista con The Associated Press su compañero de fórmula dejó abierta la posibilidad de un tercer periodo si se realizan cambios a la ley.
“Si cambia la Constitución y él quiere hacerlo y la Constitución se lo habilita, supongo que estará habilitado”, dijo Félix Ulloa. “El tercero no lo permite la actual. No estoy diciendo que si cambia no puede ser”.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele saboreó lo que parece una contundente victoria de reelección, arremetiendo contra sus críticos internacionales y la prensa. El mandatario populista se ha declarado a sí mismo como un heraldo de la democracia, y no un ejemplo de la autocracia del siglo XXI que algunos temen.
En su discurso del domingo por la noche ante miles de simpatizantes, Bukele dijo que El Salvador no había conocido la democracia hasta ahora, aunque reconoció que su visión de ese ideal es poco convencional.
“Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema democrático”, dijo Bukele, y añadió que “la oposición quedó pulverizada".
Tras los comicios del domingo, Bukele será el primer presidente en ser reelegido en El Salvador. La mayoría de su partido en el Congreso, y un tribunal que ayudaron a conformar, le permitieron eludir una prohibición constitucional.
El lunes, Bukele tenía el 83% de los votos, frente al 7% de su rival más cercano, tras el escrutinio — plagado de fallos — de aproximadamente el 71% de las papeletas de los colegios electorales, según los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral.
Bukele se describe a sí mismo como el “dictador más cool del mundo” y se anticipa que fortalezca todavía más su control del poder. Pronosticó que su partido, Nuevas Ideas, aumente su mayoría en el Congreso, pero el lunes sólo se habían escrutado el 5% de los colegios electorales.
En caso de que eso suceda, los analistas afirman que Bukele podrá continuar con su controversial campaña de represión contra las pandillas y con una reforma constitucional —una acción que su gobierno propuso anteriormente— para permanecer en el cargo.
La victoria de Bukele fue celebrada por una multitud ataviada con camisetas, bufandas, sombreros, peluches, máscaras y figuras de cartón de tamaño real con su rostro. Pero otros señalan que la nación centroamericana se dirige a un peligroso camino que podría socavar a la democracia y sacudir al resto de la región.
“No hay paso atrás”, dijo Eduardo Escobar, abogado y director de la organización no gubernamental Acción Ciudadana. “Esta elección significa la consolidación de un modelo de gobierno autoritario en El Salvador, que se ratifique por la gente”, señaló.
Bukele, de 42 años de edad, ha causado varias inquietudes en materia democrática durante su presidencia, acusado de llenar los tribunales con personas leales a él y de manipular las leyes salvadoreñas para concentrar el poder en sus manos. Eso sigue siendo una preocupación para algunos de cara a la ceremonia de juramentación para su segundo mandato, programada para el 1 de junio.
Pero también es querido por muchos salvadoreños debido a que la controversial campaña de su gobierno contra las pandillas del país ha reducido significativamente la violencia en un país que hace una década era considerado como uno de los más peligrosos del mundo.
El sumamente popular “estado de excepción” fue lo más destacado de su campaña electoral y algo con lo que Bukele ha prometido continuar pese a que originalmente estaba previsto como una medida temporal cuando inició su ofensiva contra las pandillas hace casi dos años. Durante el periodo del estado de excepción, las autoridades han detenido a más de 76.000 personas —más del 1% de la población de El Salvador— a menudo basándose en evidencias mínimas y con poco acceso al debido proceso.
BAJO MEDIDAS DE EMERGENCIA
Gabriel Gómez, de 44 años, es una de las más de 1,6 millones de personas que votaron por Bukele. Al salir el domingo de un centro de votación en la zona de Mejicanos, la cual solía estar bajo control de las pandillas, Gómez dijo que incluso con las inquietudes constitucionales prefiere vivir bajo las medidas de emergencia de Bukele.
Acusó a los partidos políticos tradicionales de El Salvador —el conservador Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)— de haber “pisoteado” toda la Constitución antes de que Bukele llegara al poder. Esos partidos, que han quedado completamente desacreditados por su corrupción e ineficacia, han obtenido apenas un porcentaje minúsculo de los votos.
“La constitución no me daba seguridad, la constitución no me daba alimentación”, comentó. Las pandillas "mataban 50 personas diarias. ¿Dónde estaba la Constitución protegiéndonos? Mataron a la hija de mi cuñada de 13 años, donde estaba la constitución?”.
Pero las tácticas de Bukele han suscitado duras críticas en la región.
Los observadores de derechos humanos acusaron a su gobierno de cometer violaciones a los derechos humanos durante la campaña contra las pandillas, y de torturar y causar la muerte de más de 150 reclusos. El gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones sobre miembros del gobierno salvadoreño por negociar con las pandillas del país, algo que Bukele niega rotundamente.
Sin embargo, Washington ha relajado su postura respecto a Bukele ante la cooperación de su gobierno con Estados Unidos en su agenda para reducir los niveles históricos de migración hacia el norte. El secretario de Estado, Antony Blinken, felicitó el lunes a Bukele por su triunfo y señaló que “Estados Unidos seguirá dando prioridad a la buena gobernabilidad, a la prosperidad económica inclusiva, a las garantías de juicios justos y a los derechos humanos en El Salvador”.
Esto, luego de que Bukele dedicó más de la mitad de su discurso triunfal para atacar a los críticos extranjeros y periodistas. Atribuyó las décadas de masacres, guerra civil y violencia de pandillas a la injerencia extranjera de gobiernos como el de Estados Unidos, el cual financió a las fuerzas militares de El Salvador durante el conflicto civil del país.
“Yo les pregunto a estos organismos, a estos gobiernos de naciones extranjeras. Les pregunto a estos periodistas. ¿Por qué desean que nos maten?”, comentó. “¿Por qué desean ver sangre de salvadoreños? ¿Por qué no están felices de que en nuestro país ya no corra la sangre que corría antes? ¿Por qué debemos morir nosotros y nuestros hijos?".
El discurso provocó inquietudes entre la prensa salvadoreña, que ha enfrentado acoso y ataques jurídicos por parte del gobierno de Bukele, y también ha sido víctima del poderoso software de espionaje Pegasus, que los gobiernos utilizan a menudo para vigilar a sus adversarios.
“A mí me queda claro tras su discurso: el próximo enemigo prioritario a destruir por Bukele será la prensa independiente”, publicó el periodista salvadoreño Óscar Martínez en la red social X.
Martínez es el director editorial de la organización de noticias de investigación El Faro. Su equipo tuvo que mudar su sede de El Salvador a Costa Rica el año pasado, alegando un continuo acoso y preocupaciones de futuros ataques.
Bukele también dijo que la clave para resolver los problemas persistentes de El Salvador era ignorar el concepto de una democracia falsa impuesto por críticos externos y aprovechar la gran mayoría de su partido en el Congreso para generar un cambio en el país.
CONTROL DEL CONGRESO
Escobar, de la organización Acción Ciudadana, dijo que la capacidad de Bukele para avanzar su agenda depende en gran medida de su control en el Congreso. El “estado de excepción”, que ha dado al mandatario una enorme popularidad, es aprobado mes a mes por los legisladores que controlan el Congreso desde 2021. Bukele también necesitaría de esa mayoría para cumplir sus promesas de campaña y seguir haciendo grandes cambios en la nación centroamericana.
Al igual que otros críticos, Escobar dijo que Bukele podría reformar la Constitución si consigue suficientes escaños en el Congreso, abriendo la posibilidad para buscar un nuevo mandato.
Aunque Bukele ha dicho que la Constitución, en su estado actual, prohíbe postularse para un tercer mandato, en una entrevista con The Associated Press su compañero de fórmula dejó abierta la posibilidad de un tercer periodo si se realizan cambios a la ley.
“Si cambia la Constitución y él quiere hacerlo y la Constitución se lo habilita, supongo que estará habilitado”, dijo Félix Ulloa. “El tercero no lo permite la actual. No estoy diciendo que si cambia no puede ser”.
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